sábado, 29 de junio de 2013

NUESTRA DEUDA CON LAS VÍCTIMAS.

     Desde la ONU y otras instancias internacionales se ha venido instando al régimen de la Monarquía española a que condene al franquismo sin que hasta la fecha se haya demostrado la menor intención de hacer justicia con las víctimas de uno de los mayores genocidios cometidos en el planeta. Ni Santiago Carrillo ni Felipe González en la famosa y desafortunada Transición exigieron la rehabilitación de las víctimas, ni hizo nada el PSOE de Felipe González cuando contó con un apoyo aplastante de la ciudadanía que le dio el dominio de la administración estatal, de las autonomías y de la mayor parte de los ayuntamientos, especialmente los de las grandes ciudades. Luego, pensar que el gobierno de Aznar fuera a hacer algo, era tanto como pedir peras al olmo y mientras tanto, pasaban los años y las cunetas y las fosas comunes de España seguían sembradas con los restos de cientos de miles de demócratas -lo más valioso que tuvo la República- que dieron sus vidas por la libertad. Más tarde, el gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó una Ley de la Memoria Histórica, un gran avance si se le compara con la actitud hipócrita del Partido Popular, pero que no hacía justicia al seguir sin condenar el genocidio ni anular las sentencias de los tribunales ilegítimos franquistas.
     Actualmente, con la entrada de Izquierda Unida en el gobierno autonómico de Andalucía, parece que, aun con las limitaciones de que sean medidas que afectan sólo al ámbito andaluz, parece que se toma con mayor interés la cuestión de la justicia con las víctimas del genocidio al exigir a los ayuntamientos que se eliminen de las calles de sus municipios el escarnio de conservar los nombres de los asesinos y verdugos fascistas. En Málaga - por fin- se ha tomado la decisión de quitar el nombre de Carlos Haya, un aviador fascista que masacraba cada mañana a la ciudad con sus bombas, del principal hospital de la ciudad. Como no podía ser de otra forma se han alzado las voces de los herederos a título universal del franquismo, entre ellas las del alcalde Francisco de la Torre -ferviente católico- y su delfín Elías Bendodo. Alegan que hubo víctimas en los dos bandos, pero lo que no dicen es que unos defendían la legalidad y otros eran insurrectos fascistas, ni que los republicanos asesinados lo fueron una vez terminada la guerra, durante cuarenta años de represión. Tampoco dicen que a los fascistas caídos se les rindió honores como "Gloriosos caídos por Dios y por España" y a sus viudas se les otorgaban privilegios y se les concedían estancos mientras que las viudas e hijos de los republicanos asesinados se morían de hambre, ni que los restos de los demócratas llevan más de setenta años en las cunetas y en las fosas comunes.
      Ya va siendo hora de que se empiece a hacer justicia, no es una cuestión que pueda despacharse diciendo que es cosa del pasado, porque según las leyes internacionales contra los crímenes de guerra y los genocidios, estos delitos no prescriben nunca, y los demócratas españoles nunca vamos a olvidar la enorme deuda que tenemos contraída con los que un día lucharon por una España libre y democrática.